Un grupo de seis grandes hosteleros españoles estudia demandar al Estado por las obras “antitabaco”. Estas empresas reclamarán responsabilidad patrimonial del Estado por cambio legislativo, ante las importantes reformas que acometieron para separar las zonas de fumadores y no fumadores, con un coste de hasta 100.000 euros en cada uno de sus establecimientos. También reclaman ante la inseguridad jurídica que suponen unos cambios imprevistos y que echan por tierra la planificación de las empresas en plena crisis
