La CE sugiere a España un incremento del IVA y de los impuestos sobre la energía, en particular sobre los combustibles, para financiar una reducción de las contribuciones a la Seguridad Social.
El documento también pide a España que contemple nuevas reformas del mercado laboral si las acometidas en 2010 y 2011 no producen los resultados esperados (reducción de hasta tres puntos en la tasa de paro estructural, según la información facilitada por el Gobierno al organismo comunitario).
La CE se muestra especialmente dura con Bélgica, Italia o Reino Unido.
